Segundo taller regional del proyecto DPI en LAC
La Infraestructura Pública Digital (DPI) se expande en Latinoamérica y el Caribe (LAC) más rápido de lo que se decide quién la gobierna y para qué. Sistemas de pagos, identidad digital e intercambio de datos ya están en marcha, pero las decisiones sobre cómo se diseñan, en qué condiciones operan y quiénes participan en su desarrollo requieren procesos de gobernanza abiertos y participativos. La sociedad civil quiere estar cada vez más en esa conversación. De hecho, el problema rara vez es la voluntad, sino las condiciones para mantener una participación efectiva.
Ese fue el punto de partida del Segundo taller regional sobre el ecosistema de DPI en Latinoamérica y el Caribe, un encuentro virtual realizado el pasado 30 de julio en el marco del proyecto DPI “Fortalecimiento de la Sociedad Civil en LAC”, implementado por el consorcio de Cepei, ILDA y Open Data Charter, con el apoyo de Co-Develop. La sesión reunió a organizaciones de la sociedad civil (OSC) de distintos países, que debatieron alrededor de dos preguntas concretas: ¿cuáles son las prioridades de incidencia para las OSC? y ¿cuáles son las condiciones mínimas que se requieren para que puedan incidir?
De los conceptos a la incidencia
El primer taller, realizado en Bogotá en abril de 2026, dejó un diagnóstico compartido: hacen falta mecanismos y espacios de gobernanza multiactor en materia de DPI, la sociedad civil debe estar presente en todo el ciclo de vida de la DPI y existen barreras persistentes (acceso a los espacios de decisión, financiamiento, capacidades técnicas y articulación entre actores) que erosionan cualquier participación sostenida.
Esta segunda sesión partió de ese diagnóstico y lo utilizó como base para profundizar en prioridades de incidencia para las OSC así como en la definición de estrategias, espacios y mecanismos para abordarlos. Por eso, las discusiones se enfocaron en definir las prioridades que permitirán, más adelante, coordinar acciones regionales. Lo discutido en este taller alimentará directamente el tercer y último encuentro de la serie, orientado a trazar un horizonte regional de articulación e incidencia.
Un punto central que atravesó toda la conversación fue que no existe una receta regional única en materia de incidencia de DPI. Las condiciones institucionales, políticas y económicas varían de un país a otro, y una estrategia de incidencia que funciona en un contexto puede ser inviable en el vecino. De ahí el valor de los espacios regionales de intercambio para sociedad civil: permiten transformar experiencias dispersas en conocimiento colectivo sobre qué estrategias generan oportunidades, cuáles pueden limitar la incidencia y qué riesgos conviene anticipar.
Las organizaciones participantes coincidieron, además, en un principio práctico. Antes de crear nuevos procesos o instancias de incidencia, conviene aprovechar los espacios multiactor que ya existen y mantienen un diálogo abierto con gobiernos y organismos multilaterales. Y sistematizar las incidencias que sí funcionaron, entender por qué lo hicieron, es quizá la herramienta más subestimada para replicar esos aciertos.
Cinco prioridades de incidencia en la agenda de DPI
Del diálogo emergieron cinco frentes donde la sociedad civil puede concentrar sus esfuerzos:
- Iniciar el proceso de incidencia desde el conocimiento situado: ninguna prioridad puede definirse sin considerar el contexto, las capacidades y las dinámicas propias de cada territorio. Incidir exige leer con precisión el contexto político e institucional de cada país, sus ciclos y sus ventanas de oportunidad, en lugar de importar agendas que no dialogan con la realidad local.
- Avanzar hacia el codiseño de soluciones de DPI: cuando la sociedad civil participa desde el diseño de DPI y no al final del proceso, las salvaguardas, los derechos humanos y los estándares técnicos pueden incorporarse como componentes estructurales de las soluciones desarrolladas. Instrumentos como los sandboxes regulatorios ofrecen un entorno seguro para probar y ajustar soluciones antes de escalarlas.
- Fortalecer la gobernanza de datos desde una perspectiva de derechos: una DPI confiable requiere una gobernanza de datos sólida, sustentada en principios éticos, marcos robustos de protección y reglas claras para el acceso y uso de los datos. Estos elementos son fundamentales para resguardar la privacidad, fortalecer la soberanía de los datos y consolidar la confianza de la ciudadanía.
- Fortalecer los espacios multiactor con capacidades real de incidencia: aunque siguen siendo limitados, los espacios multiactor se identifican cómo instancias estratégicas de incidencia. No obstante, el poder de decisión de la sociedad civil sigue siendo limitado por lo cual resulta necesario transformar las prácticas de estos espacios para pasar de una participación simbólica a una participación efectiva.
- Sostener los derechos humanos como eje transversal de DPI: no discriminación, no exclusión, límites a la vigilancia y controles claros no pueden ser un capítulo aparte, sino que deben atravesar toda la agenda para que la DPI amplíe los derechos en vez de vulnerarlos .
Tres condiciones habilitantes para la incidencia
El taller identificó tres elementos clave como base de la incidencia:
- Un espacio cívico abierto: garantizar libertades efectivas para organizarse, comunicarse y abogar por derechos, transparencia y acceso a la información, la participación queda en el papel.
- Financiamiento sostenible: la falta de recursos continúa siendo una de las barreras más señaladas. Diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer alianzas y esquemas de colaboración resulta fundamental para dar continuidad y sostenibilidad a los esfuerzos de incidencia.
- Espacios multiactor con condiciones habilitantes para la participación: no basta con crearlos; estos espacios deben ser democráticos, públicos y contar con mecanismos de seguimiento que garanticen la participación de la sociedad civil desde el inicio, y no como invitada ocasional.
Próximos pasos
Los consensos de esta sesión se convierten ahora en el insumo para el tercer y último encuentro de la serie, donde el reto será identificar las prioridades y condiciones en un horizonte regional concreto. La apuesta de fondo es clara: construir una comunidad de organizaciones de sociedad civil capaz de incidir de forma coordinada y sostenida en la manera en que la región diseña y gobierna su infraestructura digital.
Las opiniones y reflexiones expresadas en este artículo representan la visión conjunta del consorcio integrado por ILDA, Cepei y Open Data Charter.