Por: Sheila Carbajal, Julio Valdivieso, Jaime Gallego y Margarita Vaca
REDIM , Cepei
La niñez y adolescencia en México (40 millones de niñas, niños y adolescentes) están afrontando una crisis que afecta su pleno desarrollo. Son múltiples aspectos los que impiden que puedan disfrutar de su infancia y adolescencia. Entre ellos, uno de los más preocupantes, las diferentes formas de violencia a la que se ven sujetos: la tasa de violencia sexual de niñas y niños en México es de 1,7 por cada mil. Además, cinco mil de cada 100 mil sufren de tocamientos (INEGI, 2019).
Infortunadamente, muchas veces los actos de violencia quedan guardados en el silencio. De acuerdo con UNICEF (2019): “En México, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda”.
En este sentido, la presente historia busca visibilizar el panorama de violencia a la que se encuentra expuesta la niñez y adolescencia mexicana a través de un análisis de los casos de delitos sexuales, homicidio y corrupción entre 2015-2019, resaltando cómo estos sucesos representan una alerta para garantizar un futuro digno a esta población, en línea con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16.2, “Poner fin a la explotación, trata, maltrato y cualquier forma de tortura y violencia hacia niñas, niños y adolescentes”, y 5.2, “Eliminar todas aquellas formas de violencia hacia las niñas y mujeres”. Asimismo, la historia busca ser un llamado de urgencia a los tomadores de decisiones para que continúen realizando esfuerzos significativos en el fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas en la protección y desarrollo integral de la niñez y adolescencia del país.
Delitos sexuales contra la niñez y adolescencia, 2018
El delito sexual (1) contra la niñez y adolescencia en México continúa siendo uno de los factores más preocupantes en el país tanto por las circunstancias en que se producen como por el impacto devastador que tiene sobre el futuro de las víctimas y su relación estrecha con los victimarios, en su mayoría, personas del círculo familiar.
Solo en 2018, se presentaron 17.586 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 41,7% corresponden a abuso sexual donde el mayor número de víctimas se encuentran entre los 10 y 14 años (2.647 casos), etapa en que se presentan cambios físicos y psicológicos significativos en los niños y niñas al transitar a la adolescencia. Le sigue violencia simple (21,5%) que afecta en mayor medida al grupo de edad entre 10 y 17 años (1.586).
Fuente: procesado con base en INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019. Conjunto de datos: Delitos cometidos a las víctimas.
Se evidencia que los delitos sexuales impactan en proporciones distintas según la edad de los niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual y la pederastia afectan principalmente a edades de 5 a 14 años. La violación simple, acoso, hostigamiento sexual, pornografía, entre otros, impacta a los niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años. Mientras que los adolescentes de 15 a 17 años se ven expuestos en mayor medida a delitos estupro, trata, lenocinio e incesto.
Respecto a la exposición por sexo, el 85,3% de las víctimas eran mujeres. Si bien en los últimos años, el rol de las mujeres en la sociedad mexicana, y en general en todo el mundo, ha tendido a ser más valorado al fortalecer su participación en la esfera educativa, política y laboral, aún existen amplias brechas donde se presentan diferencias significativas entre sexos que repercuten en la garantía de los derechos de las mujeres desde muy temprana edad y pueden llegar a finalizar en actos de violencia.
Para mayor información consultar el informe Violencia y Feminicidio en Niñas y adolescentes en México elaborado por ONU Mujeres
En cuanto la distribución de los delitos sexuales en el territorio mexicano, Ciudad de México (10,6%), Chihuahua y Nuevo León (10,3% cada uno) son los Estados federativos con mayor número de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. En las tres entidades, más del 80% de las víctimas eran mujeres y el grupo más vulnerado se encontraba entre los 10 y 14 años. En los primeros dos Estados federativos, el abuso sexual se registraba como el principal delito sexual con 1.079 y 987 casos, respectivamente. Mientras en Nueva León, la categoría de Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual se ubicó en el primer lugar.
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), abril de 2020, el Estado de México y Guanajuato se encontraron entre las cinco entidades más violentas del país. Lo que sin duda es un factor que cataliza la violencia contra la niñez y adolescencia.
A la vez, Yucatán (45 casos) y San Luis de Potosí (19 casos) son los Estados federativos con menor número de delitos sexuales reportados. En el caso de San Luis de Potosí, los delitos sexuales ocurrían a partir de los 10 años de edad y hacían referencia a la violación simple.
Niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio, 2015-2019
“México hoy en día es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo en materia delictiva… aquellas zonas que experimentan elevados índices de pobreza necesariamente están en riesgo de presentar niveles elevados de violencia y delincuencia” (UNAM, 2017).
En el periodo 2015-2019 se registraron 5.092 víctimas de homicidio doloso de niñas, niños y adolescentes, los cuales representan cerca del 4% respecto al total nacional (137.627 víctimas); 8 de cada 10 casos afectan a niños y adolescentes varones. En este mismo periodo 6 de cada 10 homicidios contra la población de 0 a 17 años habrían sido por arma de fuego. En gran medida, esto se debe a los elevados niveles de homicidio asociados a la delincuencia organizada y las pandillas.
A nivel estatal, Chihuahua acumula el mayor número de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio (584), en contraste con Yucatán que acumula 7 casos. La realidad de Chihuahua incluye la presencia de grupos delictivos pertenecientes a los cárteles de Juárez y Sinaloa, para el control de la siembra, venta y trasiego de drogas en las principales ciudades. Esto lo convierte en una de las entidades más violentas e inseguras del país, lo cual genera que toda su población esté en condición de ser potencial víctima.
Fuente: procesado con base en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva. Corte al 31 de diciembre de 2019.
Durante 2019, Guanajuato se ubicó como la entidad más violenta en donde cerca de 9 de cada 10 asesinatos afectaron a niños y adolescentes varones, mientras Yucatán se mantiene como la entidad menos violenta disminuyendo a cero el número de casos.
Si bien cada año se evidencia que una entidad representa la mayor participación referente a homicidios en la niñez y adolescencia, se puede observar que los Estados federativos que se ubican en la zona centro y occidente del país (Jalisco, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán de Ocampo) presentan una tendencia creciente, entre 2015 y 2019 en su conjunto, los casos incrementaron 33,8%.
Por otra parte, 2018 fue el año que reportó mayor cantidad de homicidios contra la niñez y adolescencia (1.252 casos) en el período analizado. Esto representó un aumento del 10,6% entre 2017 y 2018 equivalente a 120 nuevos casos, de los cuales 119 eran hombres. En este año, el uso de arma de fuego aumentó un 12%, lo cual pudo deberse al enfoque de la estrategia de seguridad ante el cambio de presidencia.
Corrupción, secuestro, rapto y tráfico de menores, 2015-2019
La corrupción es una problemática histórica que ha perjudicado a todas las poblaciones de una u otra forma, entre ellas los menores de edad. La incapacidad del Estado y de la misma sociedad de administrar correctamente los recursos para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, así como la seguridad de cada niño, niña y adolescente, se ha convertido en un punto de inflexión en México y otros países, que merece la atención de todos los actores.
Durante el período 2015-2019 se registraron en total 9.373 víctimas de corrupción (2), secuestro, rapto y tráfico de menores, de los cuales el 78,8% corresponden a delitos de corrupción; 7 de cada 10 víctimas son niñas y mujeres adolescentes. Las entidades que acumulan más casos de victimización por este delito son Baja California (1.038), Nuevo León (938), Jalisco (766) y Guanajuato (697).
Fuente: procesado con base en INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019. Conjunto de datos: Delitos cometidos a las víctimas.
Por otra parte, el 64,1% de las víctimas de secuestro (3) (772) entre 0 y 17 años eran niños. El mayor número de víctimas se concentran en el Estado de México (154), Veracruz (83) y Tamaulipas (68). Es posible que esto se deba al alto nivel de impunidad del delito de secuestro. El clima general de violencia e ilegalidad, la percepción popular de que el secuestro es un “negocio” y/o la insuficiencia de recursos para el combate contra este delito.
Respecto a los casos de delito de raptos (4), en los últimos años se observa una notable disminución en los casos de rapto en niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, existe una clara focalización de estos hechos en Nuevo León, donde 65% de las víctimas se registran en esta entidad, siendo en el 99,6% de los casos la víctima una niña o adolescente mujer.
Finalmente, 9 de cada 10 víctimas de tráfico de menores registradas en el periodo 2015-2017 se focalizaron en Sonora. Sin embargo, algo interesante es que para el año 2018 y 2019 se reportó una notable disminución a nivel nacional. Sonora pasó de tener 182 víctimas a cero, esto posterior a recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Medidas tomadas por el Gobierno de México
El gobierno de México consciente de que la violencia sexual o de cualquier otro tipo es una de las más graves manifestaciones del maltrato que viven de manera aguda los niñas, niños y adolescentes en el país, desde la escuela hasta el propio hogar, aprobó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), diciembre 2014. Asimismo, en 2015, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) (SIPINNA) y, en 2017, se aprobó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que incluye un capítulo específico sobre personas desaparecidas menores de 18 años.
Si bien el gobierno ha construido un marco legal y herramientas para promover los derechos de la niñez y adolescencia, la impunidad, la falta de presupuesto y la corrupción han deteriorado la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. El Director ejecutivo de REDIM, Juan Martín Pérez, ha dado a conocer en innumerables ocasiones que:
““Necesitamos política pública, no programas, no declaraciones, sino política pública, es decir un marco de ley, que ya está, instituciones del Estado que ya están, y lo que le falta es articularse entre las propias autoridades federales, la estatal y municipal, y para eso necesitamos un jefe del Estado mexicano, que tenga como prioridad a los niños, niñas y adolescentes, para que junto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, articulen en un formato de red todo el esfuerzo a favor de la niñez”. “
Juan Martín Pérez, Director , REDIM
En el proceso de identificación y visibilización de la violencia contra la niñez y adolescencia, es necesario definir la protección como la defensa de los derechos humanos y el resguardo de la vida, la dignidad y la integridad contra los efectos de la violencia, la coerción y la privación de libertad ante la exposición de un individuo o colectivo a situaciones de riesgo, de crisis o del impacto a causa de un evento adverso o generador de daños.
Conclusiones
La violencia contra la infancia y la adolescencia se presenta de diferentes formas según el ambiente en que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes, y al grupo de edad al que pertenecen. En la mayoría de casos, suelen naturalizarse estos hechos de violencia o persiste un alto control por parte del agresor que lleva a la no denuncia por parte de la víctima, más cuando en su mayoría son dependientes de un tercero.
Todas las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos, garantizando el derecho a una vida sin violencia, explotación o abuso de cualquier tipo (Meta ODS 16.2), aún en mayor medida cuando se ha identificado una clara relación de tipos de violencia según el género (Meta 5.2). Asimismo, las políticas públicas deben estar enfocadas en atender con la prioridad requerida los derechos, libertades y capacidades de la niñez y adolescencia que son vulneradas y atentan contra su desarrollo integral. Además de brindar medidas de aseguramiento que fomenten la denuncia de estos hechos (Meta ODS 16.a).
Bajo esta perspectiva las acciones de prevención, mitigación y respuesta que se adoptan para hacer frente a las experiencias particulares de niños, niñas y adolescentes, así como el generar la compresión de los derechos, para quienes formulan políticas públicas del país y son tomadores de decisiones, resulta de gran trascendencia para brindarles una vida de calidad.
Nota 1: “Un delito sexual implica por parte del agresor sexual, el abuso de poder y control, con el uso de violencia o sin ella, para someter a una persona a realizar actividades sexuales o a ser testigo de las mismas sin su consentimiento; implícitamente, tiene fines agresivos y dañinos, dado el irrespeto de los derechos y necesidades que la víctima tiene como ser humano libre y autónomo” (Pérez, 2001).
Nota 2: “Provocar que los menores adquieran malos hábitos o vicios en virtud de la práctica reiterada de los actos de corrupción, resultando que el menor; adquiera los hábitos de alcoholismo , uso de sustancias tóxicas, se dedique a la prostitución, forme parte de una asociación delictuosa, empleo en cantinas o centros de vicio”. Diccionario Jurídico Mexicano.
Nota 3: “Apoderamiento y retención que se hace de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o en especie” Diccionario Jurídico Mexicano
Nota 4: “Delito contra la libertad sexual consistente en la sustracción o retención de una persona mediante violencia o engaño, con fines libidinosos o matrimoniales” Diccionario Jurídico Mexicano
Nota 5: “Delito en que incurre quien entrega a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor, aunque no ocurra relación de filiación o parentesco, a cambio de compensación económica, y eludiendo los procesos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación” – Diccionario Jurídico Mexicano.