Margarita Vaca
Cepei
m.vaca@cepei.org
El 20 de noviembre de 1989 se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño como un acto de reconocimiento y compromiso mundial con la infancia y su pleno desarrollo físico, mental y social, como individuos de derechos y agentes con voz propia. Este acuerdo ha sido apoyado e impulsado a través de diferentes iniciativas globales que buscan resaltar la importancia de garantizar una infancia plena que no sea interrumpida por los conflictos y problemáticas del entorno, que lleven a las niñas y los niños a asumir nuevos roles en su ambiente familiar o se vean expuestos a situaciones de alto riesgo, al desarrollar trabajos a temprana edad y ver limitados sus derechos como la educación y el juego. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible reconoce, por medio de la meta 8.7, la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil.
Sin duda la ratificación de este acuerdo de derechos humanos y los esfuerzos realizados en pro del cumplimiento de los ODS, en específico la meta 8.7, se han convertido en una herramienta para transformar la vida de las niñas y los niños alrededor del mundo. No obstante, los desafíos a nivel global persisten: a causa del trabajo infantil, que hoy en día se extiende a las cadenas de producción, los cultivos, los talleres mecánicos, los servicios domésticos y las calles, la infancia se termina antes de tiempo.
Es importante mencionar que esta problemática es resultado de una serie de fenómenos socioeconómicos como la pobreza, la informalidad, la violencia, la ausencia de infraestructura social, los desastres naturales, entre otros, que limitan las oportunidades de una vida sostenible tanto de las niñas y niños como de sus familiares o cuidadores, así como de vacíos legales que crean espacios para el incumplimiento de las leyes internacionales (OIT, OCDE, OIM & UNICEF, 2019).
Trabajo infantil en cifras
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como “todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y mental”. De acuerdo con el informe Trabajo infantil – Estimaciones Globales 2020, tendencias y el camino a seguir, elaborado por la OIT y UNICEF:
- 160 millones de niñas y niños entre 5 y 17 años son víctimas del trabajo infantil, entre ellos 79 millones se encuentran en situación de trabajo infantil peligroso.
- 60,7% de la niñez en esta situación son niños y 55,8% se encuentran entre los 5 y 11 años.
- La prevalencia del trabajo infantil en las zonas rurales (13,9%) es casi tres veces superior a la de las zonas urbanas (4,7%).
- 70% de las niñas y niños que realizan trabajo infantil desarrollan actividades asociadas a la agricultura (pesca, silvicultura, ganadería, acuicultura y agricultura).
- 72,1% de las niñas y niños en situación de trabajo infantil trabajan en su propia unidad familiar.
- África Subsahariana es la región con mayor porcentaje de prevalencia (23,9%) mientras Europa y América del Norte representan la región con menor prevalencia (2,3%).
- Aunque la diferencia porcentual de la prevalencia del trabajo infantil entre los países de ingreso bajo (26,2%) e ingreso mediano alto (4,9%) es alarmante (21,3%), también señala que la problemática es de índole global y requiere de atención en todos los casos.
- La tasa promedio anual de reducción del porcentaje de niños de 5 a 17 años en trabajo infantil requerido para su eliminación se calculó en 35,8% en 2025.
Las anteriores cifras ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas inmediatas que contrarresten el retroceso evidenciado en los esfuerzos globales por eliminar el trabajo infantil y que la pandemia de la COVID-19 ha erosionado. Las acciones tanto gubernamentales como de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad deben tener como objetivo común evitar que esta situación se transforme en un ciclo vicioso que perpetúe tanto la exclusión social como la pobreza.
Cadenas mundiales de suministro
La erradicación del trabajo infantil demanda abordar múltiples factores que se producen en diferentes sectores como lo son las cadenas mundiales de suministro, [1] que si bien son un motor de crecimiento económico, promoción de innovación y generación de empleo, la existencia de vacíos legales, entre otros factores, puede llevar a que estas se conviertan en un vehículo para permitir la violación de los derechos humanos, incluidos los de las niñas, niños y adolescentes a través del trabajo infantil. Según OIT, OCDE, OIM & UNICEF (2019), el mayor porcentaje de trabajo infantil vinculado a los bienes y servicios de exportación se observa en la región de Asia Oriental y Sudoriental (26%), seguido por América Latina y Caribe (22%).
Por otra parte, en todas las regiones, entre el 28% y 43% del trabajo infantil contribuye a las exportaciones de forma indirecta, es decir, a través de los niveles iniciales de la cadena de suministro como la extracción de materias primas, siendo los productos alimenticios la principal industria en esta categoría para todas las regiones, excepto Asia Central y Asia Meridional donde los textiles y confección se posicionan en primer lugar (OIT, OCDE, OIM & UNICEF, 2019).
De tal forma, la lucha contra el trabajo infantil en las cadenas mundiales de suministro no se limita a controlar y supervisar a los actores que participan en los niveles finales de la cadena, sino, por el contrario, requiere de un análisis detallado de la dinámica de contratación de los proveedores iniciales y de la aplicabilidad de la regulación nacional, sectorial y local. Asimismo, este reto trasciende el ámbito laboral e involucra a todos los actores participantes de la cadena tanto de producción como de consumo. Por esto, crear mecanismos de transparencia, como informes de gestión y reporte de inconformidades laborales públicos, rigurosamente respaldados por el Estado, que permitan a los usuarios finales, la sociedad civil y la academia evaluar a las empresas es fundamental.
Trabajo infantil y pandemia
Hace un poco más de un año, el mundo se pausó ante la presencia de una nueva pandemia global que requirió tomar medidas de emergencia para evitar la propagación de la COVID-19 y salvaguardar la vida. Medidas como la suspensión de clases, el cese de actividades económicas, el aislamiento por meses, entre otras, que, aunque fueron contrarrestadas con múltiples políticas, por efecto colateral podrían implicar riesgos significativos de retrocesos en diferentes dimensiones: social, económica, educativas, de género, etc.
Hoy es posible evidenciar cómo estos riesgos se cristalizan en una recesión económica sin precedentes con resultados dispares entre las regiones y países. Por ejemplo, en 2020, la economía de América Latina se contrajo un 7,0% e India presentó una recesión de 8,0% (FMI, 2021). En este mismo año, la tasa de desempleo mundial se ubicó en 6,5% (Banco Mundial, 2021), el récord más alto de las últimas décadas que reduce la protección social de un amplio número de personas y sus familias, además de poner sobre la mesa la informalidad como una opción de ingresos.
Los anteriores factores han llevado a que los ingresos de los hogares se vean reducidos, aumentando la probabilidad de que las niñas y niños deban contribuir económicamente al hogar, lo cual los obliga a desempeñar trabajos peligrosos. En 2020, por primera vez en cuatro años, el trabajo infantil aumentó en 8,4 millones de niños (OIT & UNICEF, 2021). En adición, ante las dificultades financieras, las familias suelen realizar recortes en diferentes rubros, entre ellos, la escolarización. Más de tres cuartas partes de los niños de 5 a 11 años y más de un tercio de los niños de 12 a 14 años en situación de trabajo infantil no están escolarizados (OIT & UNICEF, 2021). Lo cual, junto con el cierre de colegios, puede ahondar la crisis tanto del trabajo infantil como el rol de género donde las niñas tienden a ocupar una mayor carga de tareas del hogar.
De acuerdo con el informe Análisis del cierre de las escuelas, uno de cada siete estudiantes de preprimaria hasta educación superior ha perdido más de tres cuartas partes de la educación presencial ante la suspensión de las clases. Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las escuelas han estado completamente cerradas durante 95 días de clases a nivel mundial, afectando a 168 millones de estudiantes. Aun cuando pase la crisis sanitaria, los efectos económicos tendrán repercusiones de largo término, dificultando la reinserción de las niñas y niños a las escuelas, e impulsando su participación en el trabajo infantil, aún más si se identifican problemas de salud en la familia (OIT, 2020). Se estima que 8,9 millones más de niños estarán en situación de trabajo infantil para finales de 2022 como resultado de la creciente pobreza (OIT & UNICEF, 2021).
Consideraciones finales
El trabajo infantil es una violación a todos los derechos humanos de la niñez, y aunque ampliamente reconocida, su erradicación ha sido un reto histórico que irrumpe en todos los ámbitos de la sociedad y manifiesta la necesidad de acciones conjuntas de todos los actores por medio de políticas públicas integrales que aborden la problemática desde una visión multidimensional, incluyendo tanto a las niñas, niños y adolescentes como a sus familiares, cuidadores y entorno.
Por ende, encarar el trabajo infantil requiere de la alineación de estrategias educativas, de protección social, laborales, económicas, migratorias, entre otras, promovidas por una voluntad política que garantice a toda la niñez y adolescencia acceder a las condiciones y oportunidades necesarias para construir un futuro propio.
Así, el año 2021 ha sido establecido como el año internacional para la eliminación del trabajo infantil donde el llamado se centra en pasar de los compromisos a las acciones y crear hojas de ruta regionales para evitar el aumento del trabajo infantil a raíz de la COVID-19. Nos unimos a este llamado que nos convoca a actuar, inspirar y aportar desde nuestro quehacer individual al logro de la meta 8.7.
[1] Los bienes y servicios que cruzan las fronteras internacionales para consumo o insumo para la producción final (OIT, OCDE, OIM & UNICEF, 2019).