Director de investigación
j.surasky@cepei.org
Tras superar un proceso de debate no exento de complicaciones, el 5 de mayo en horas de la noche el congreso de Colombia aprobó su nuevo plan nacional de desarrollo (PND) 2022-2026: “Colombia, potencia mundial de la vida” .
El texto adoptado se presenta por el gobierno como el resultado de una construcción social de la que participaron más de 250.000 personas a través de 51 diálogos regionales vinculantes dejando casi 90 mil propuestas.
El propósito explícito del PND, que debe guiar al conjunto de las políticas del país, es el de “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.
Para alcanzar ese objetivo se decide trabajar a partir de las realidades locales mediante el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la transformación de las estructuras productivas limpias y biodiversas y la promoción de una sostenibilidad basada en la equidad y la inclusión.
Como resultado, se presentan cinco grandes “grandes transformaciones” por alcanzar:
- Ordenamiento del territorio alrededor del agua
- Seguridad humana y justicia social
- Derecho humano a la alimentación
- Transformación productiva, internacionalización y acción climática
- Convergencia regional.
Cada “transformación” sirve de eje en torno al cual se articulan “ideas clave”, que aportan claridad sobre fortalezas y debilidades del país en el área a transformar, y “catalizadores” de los cambios, que actúan como metas específicas e incluyen acciones para su logro.
Entre los resultados que se pretenden alcanzar al final de cuatrienio, señalamos los siguientes:
- Reducir el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional del 16% en 2021 a entre 11,5% y 9%, y el de personas en situación de pobreza extrema del 12,2% a 9,6%.
- Reducir la mortalidad por desnutrición de menores de 5 años a 3,37 por cada 100.000 niños.
- Reducir el número de hogares con déficit habitacional en el país desde el 31% en 2021 al 26% en 2026.
- Reducir la deforestación nacional en un 20% respecto de 2021.
- Incrementar al 56,3% la participación de las exportaciones de bienes no minero-energéticos y servicios dentro del total de exportaciones.
- Pasar de 38,3 millones de accesos a internet en el país en 2021 a más de 71,4 millones para 2026.
- Disminuir las horas de cuidado no remunerado por mujeres jefas de hogar para pasar de 22 horas semanales promedio en 2021 a 19 horas para 2026.
- Llevar la cobertura de educación superior de 53,9 (2021) a 62% en 2026.
Para dar seguimiento al progreso en la implementación del PND se definen “indicadores de primer nivel” asociados a cada una de las “grandes transformaciones”, complementados por un grupo de “indicadores de segundo nivel” y sectoriales, presentados en el anexo del PND. Tanto unos como otros están alineados a uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que el país se comprometió en 2015 al adoptar la Agenda 2030.
Además,el PND expresa que, siguiendo los compromisos establecidos en el marco de la consulta con los grupos étnicos, la definición de todos los indicadores debe concertarse entre el gobierno nacional y los grupos étnicos, y luego el Departamento Nacional de Planeación (DNP) será responsable de elaborar sus fichas técnicas y lineamientos de seguimiento en aplicación del Decreto 1082 de 2015.
Una segunda parte del PND innova al identificar y analizar en perspectiva de desarrollo sostenible los actores diferenciales para el cambio y elementos críticos para alcanzar una paz total e integral a partir de la implementación de transformaciones territoriales y el diálogo:
- Mujeres y comunidad LGBTQ+
- Víctimas del conflicto armado (reparación efectiva e integral).
- Niñas, niños y adolescentes.
- Pueblos y comunidades étnicas.
- Jóvenes.
- Personas con discapacidad
- Campesinado
Finalmente, el PND incluye un capítulo sobre estabilidad macroeconómica donde se abordan las expectativas de crecimiento económico 2022-2026 y la estructura y sostenibilidad del sistema fiscal colombiano, para acabar definiendo una serie de acciones institucionales que dan forma a una incipiente estrategia macroeconómica para el desarrollo sostenible de Colombia.
Se incluye una estimación de las inversiones públicas planteadas en el PND por un valor de 1.154,8 billones de pesos colombianos para el siguiente cuatrienio (alrededor de 250.000 millones de dólares), las principales de ellas dirigidas a la convergencia regional (136,5 billones de pesos) y a la transformación productiva y acción climática (114,3 billones de pesos). Le siguen $744,2 billones de pesos para seguridad humana y justicia social, $47,4 billones de pesos para el derecho humano a la alimentación y $28,5 billones de pesos para ordenamiento del territorio alrededor del agua. A esos recursos se suman $50,4 billones de pesos dirigidos a facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del “Acuerdo del Teatro Colón”, la terminación del conflicto y la construcción de la paz.
En forma de anexos se incluye un “Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC – EP” de seis puntos, el último de los cuales refiere a sus medidas de implementación, verificación y refrendo, y una “Estrategia para el posicionamiento global y regional de Colombia como potencia mundial de la vida” con fuerte identificación de América Latina como su espacio privilegiado.
Entre las medidas que fueron más polémicas, el PND acaba reteniendo:
- La creación de una estructura normativa para el establecimiento de las llamadas “asociaciones público-populares” mediante las cuales el Estado podrá conveniar directamente con organismos de acción comunal, social o comunitaria y grupos étnicos y culturales en contratos de hasta 6.000 salarios mínimos.
- La decisión de que la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) pase a ser quien destine los recursos a las Instituciones Promotoras de la Salud (IPS), sin la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
- El otorgamiento de facilidades para la compra de tierras por el Estado mediante oferta voluntaria.
- El permiso para aumentar los avalúos catastrales a fin de igualarlos con los comerciales.
Por el contrario, algunas medidas incluidas en la formulación inicial del PND por el ejecutivo no han conseguido “pasar el filtro” del debate en el congreso. Podemos mencionar entre ellas:
- El artículo 8 original, donde se decidía que todas las instituciones públicas debían acoger las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad.
- No se adoptó la propuesta de permitir a las empresas públicas que ejerzan actividades de servicios de energía eléctrica el desarrollo de actividades tanto de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
- Se rechazó otorgar al presidente facultades extraordinarias para desarrollar el Servicio Nacional Forestal y crear un organismo con funciones administrativas y de control de los mercados de carbono.
- Se rechazó la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales.
El alineamiento entre el PND 2022-2026 y la Agenda 2030
Como dijimos, cada indicador incluido en el PND está relacionado con ODS específicos, y en términos generales los objetivos del plan están alineados con la Agenda 2030. No obstante, esta no es un referente permanente del documento, y las menciones a ella son limitadas y generales, incluso cuando al tratar su proyección exterior el PND sostiene que “se buscará el abordaje colectivo en el nivel regional y global de problemas urgentes como la crisis climática, el problema mundial de las drogas, los desafíos de la migración, la construcción de la cultura de la paz (…), la seguridad alimentaria y su relacionamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”.
El principio básico de “no dejar a nadie atrás” receptado en la Agenda 2030 es mencionado sólo en una oportunidad por el plan, que sin embargo hace una identificación de grupos que podemos interpretar como una localización de la idea de proteger a los grupos en estado de vulnerabilidad, a los que se refiere como actores y elementos críticos para alcanzar una paz total e integral, y que en realidad resulta claro que se trata de grupos cuya potenciación va más allá de los temas estrictamente relacionados con la paz.
No hay referencias explícitas a las cinco áreas críticas de la Agenda 2030 (paz, personas, planeta, prosperidad y alianzas), aunque hay elementos implícitos que resuenan con ellas a lo largo del PND, que incluye elementos propios de cada uno de los 17 ODS, aún sin mencionarlo.
En consecuencia, podemos decir que el nuevo PND de Colombia está claramente alineado a la Agenda 2030, sus ODS, principios y valores.