Margarita Vaca
Cepei
m.vaca@cepei.org
24 de enero de 2021
La pandemia ha implicado una de las mayores interrupciones masivas de la historia en el proceso de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. La decisión alrededor del mundo de cerrar las escuelas, con el fin de disminuir la propagación del virus, a comienzos de 2020, implicó en su punto máximo un riesgo en rezago escolar para 1.600 millones de estudiantes (UNICEF y OIT, 2020).
A pesar de los significativos esfuerzos de los gobiernos y los profesionales de la educación en aras de mantener la educación a distancia a través de medios digitales, audiovisuales o material físico, el 31% de las niñas, niños y adolescentes (alrededor de 463 millones de estudiantes), no ha tenido acceso a estos recursos debido a la falta de herramientas o políticas orientadas a sus necesidades (UNICEF, 2020).
Por ejemplo, dos tercios de las niñas, niños y jóvenes de 25 años o menos no cuentan con acceso a internet en el hogar (UNICEF y UIT 2020). Esta es la herramienta más utilizada para las clases a distancia (74% educación primaria y 77% secundaria superior), y el 40% de los países no implementaron medidas de aprendizaje a distancia para la educación preescolar, siendo esta una etapa crucial para el futuro de dichas generaciones, donde por cada dólar invertido en aumentar la matrícula se generan 9 dólares para la sociedad, al reducir las tasas de repetición y deserción en los siguientes niveles escolares (UNICEF, 2020).
Infortunadamente, diversos estudios han destacado que la crisis ha afectado a la población más vulnerable ante la falta de activos familiares, conectividad geográfica, conflictos armados y condiciones sociales:
- 3 de cada 4 niños en edad escolar que no pueden acceder a la educación a distancia viven en los hogares más pobres o provienen de áreas rurales (UNICEF, 2020).
- A 2019, el 48% de las niñas, niños y adolescentes refugiados en edad escolar, es decir 1,8 millones de estudiantes, no estaban escolarizados. Esta cifra puede aumentar de forma considerable ante las consecuencias de la pandemia. En adición, se estima que el 50% de las niñas refugiadas que cursan secundaria no retomarán sus estudios cuando las clases se reanuden mientras el 3% de los refugiados matriculados en educación superior, (de por sí una cifra muy baja), puede enfrentar problemas al retomar sus carreras (ACNUR, 2020).
- Ante los impactos económicos de la pandemia y el cierre de escuelas, se prevé que medio millón de niñas se encuentran expuestas al matrimonio infantil y un millón son vulnerables a quedar en embarazo durante su adolescencia, siendo el parto la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años (Save the Children, 2020).
Por otra parte, el Banco Mundial estima una contracción de 4,3% en la economía mundial en 2020, siendo América Latina y el Caribe (-6,9%), así como Asia meridional (-6,7%) las regiones más afectadas. Lo anterior puede representar una reducción en el gasto público en educación, dado que los gobiernos se enfrentan a una asignación de fondos públicos compleja que requiere la atención en múltiples esferas, siendo prioridad los costos de atención de la salud y el bienestar.
Desde antes de la pandemia, el sector educativo presentaba un déficit de financiación alto, donde faltaban 1.480 millones de dólares (es decir un déficit del 29%) para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 – Calidad de la educación (Naciones Unidas, 2020). El informe ¿Qué hemos aprendido? Hallazgos de una encuesta de ministerio de educación sobre las respuestas nacionales al COVID-19 también evidencia esta situación al calcular que “casi un 40% de los países de ingresos bajo y mediano bajo anticiparon o sufrieron recortes en los presupuestos de educación de su país para el ejercicio actual o el siguiente” (UNESCO, UNICEF y Banco Mundial, 2020).
La crisis económica que se vive en el mundo puede llevar a que las personas en pobreza extrema aumente entre 88 y 115 millones en 2020 (Banco Mundial, 2020). A su vez, esto puede aumentar el trabajo infantil lo que repercute en el acceso a la educación. Tanto la pérdida de empleo de los padres, la ausencia de un adulto en el núcleo familiar o la asimilación de tareas domésticas influyen en el abandono escolar. De acuerdo con varios estudios, un incremento de la pobreza del 1% propicia un aumento mínimo del 0,7% en el trabajo infantil (UNICEF & OIT, 2020). Se estima que alrededor de 152 millones de niñas y niños se encontraban en situación de trabajo infantil antes de la pandemia (OIT, 2020), y a raíz de la misma, podrían terminar trabajando más horas y bajo peores condiciones. Las niñas y niños que abandonen la escuela podrían terminar en la misma situación.
Sin duda, las cifras presentadas son un llamado de atención a todos los actores y, en especial, a los gobiernos para fortalecer y ampliar la cobertura de las políticas que eviten el incremento de las brechas educativas, así como las desigualdades tecnológicas, monetarias, sociales o de cualquier tipo que pongan en riesgo el futuro de toda una generación. El día internacional de la educación, celebrado el 24 de enero de cada año, resalta esta premisa y promueve la recuperación y revitalización de la educación para la generación que se eduque durante la emergencia sanitaria impuesta por el COVID-19.
Para ello, es fundamental que el gasto público en educación se mantenga a largo plazo como prioritario, con el fin de garantizar una inversión para cumplir con el derecho fundamental a la educación, capacitar tanto maestros como padres y pensar en una futura reapertura de los centros educativos. Lo último implica la adecuación de la infraestructura física, digital e instalaciones sanitarias y la implementación de protocolos de bioseguridad, entre otras adaptaciones que aseguren un retorno seguro.
Asimismo, es necesario formular diversas medidas que combatan el conjunto de vulnerabilidades y situaciones desfavorables a las se ven expuestas las niñas, niños y adolescentes. De tal forma, la articulación de las políticas públicas deben ser el principio rector para lograr una educación resiliente que no deje a nadie atrás en línea con las metas de la Agenda 2030. Este tipo de políticas son transversales a varias áreas como el empleo (generación de empleo decente para los padres), sociales (protección social universal), culturales (abordaje de normas sociales y de género que limitan en la actualidad el uso de tecnología digital), económicas (transferencias monetarias focalizadas) y educativas (provisión de herramientas para el aprendizaje a distancia según las necesidades y/o particularidades).
Por último, la educación debe ser reconceptualizada e ir más allá de las clases. Esta debe ser comprendida por todos los actores como el motor de la sociedad. A través de las destrezas tanto cognitivas como sociales desarrolladas en las aulas, se crean oportunidades de cambio en la vida de todas las personas, se rompe el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional, se promueve el empoderamiento de la mujer, se crean mecanismos de defensa contra problemáticas sociales de alto peso como el matrimonio o el trabajo infantil, y se impulsa el crecimiento económico de un país.
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