Las principales conclusiones de este trabajo muestran la necesidad de fortalecer la coherencia entre instituciones, políticas y procesos para evitar esfuerzos contradictorios o duplicados y contribuir de manera ordenada a cerrar las brechas en la implementación del desarrollo sostenible.
Por otro lado, la necesidad de involucrar y coordinar a una amplia variedad de sectores y partes interesadas: tomadores de decisiones, sociedad civil y sector privado; así como niveles de actuación que van desde lo global a lo local. Esto requiere marcos legislativos e institucionales apropiados, entre los que adquiere especial relevancia la promoción del estado de derecho en materia ambiental.
La región de América Latina y el Caribe ha desarrollado un proceso de fortalecimiento de la gobernanza ambiental en concordancia con los acuerdos globales en materia de medio ambiente, que ha estado estrechamente ligado a la promoción del desarrollo sostenible a nivel nacional. Esto ha fortalecido las capacidades del sector ambiental y sentado las bases para una mejor incorporación de esta dimensión en la actual implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, aún no se ha logrado la plena inclusión del desarrollo sostenible en los niveles operativos. A pesar de la naturaleza multisectorial del medio ambiente, las consideraciones de este tipo todavía no son tenidas en cuenta, de manera estructural, en toda la planificación del desarrollo nacional.
Recomendaciones
La institucionalidad ambiental, a nivel global, nacional, subnacional y local, puede jugar un papel muy relevante en la promoción de enfoques integrados para el desarrollo sostenible de manera práctica. Para ello, se ponen a consideración las siguientes nueve recomendaciones para la acción:
Traducir el Enfoque Integrado del Desarrollo Sostenible en herramientas concretas de gestión política.
Profundizar el alineamiento entre los ODS y los planes y estrategias nacionales de desarrollo incluyendo las específicas en materia ambiental.
Fortalecer la participación de las autoridades nacionales ambientales en los órganos de seguimiento y planificación de la Agenda 2030 como garantes de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible.
Lograr la confluencia de la implementación de los ODS y el cumplimiento de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente en la gestión pública del desarrollo sostenible.
Fundamentar la normativa requerida para implementar la Agenda 2030 en disposiciones constitucionales ambientales buscando un enfoque integrado en el poder legislativo.
Armonizar las legislaciones nacionales bajo estándares ya acordados internacionalmente como apoyo a la conservación de bienes ambientales regionales.
Aprovechar los avances en la gestión local del medio ambiente para vincular a los gobiernos subnacionales en la gestión del desarrollo sostenible.
Articular la participación efectiva de todos los actores involucrados en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 creando sinergias con el Acuerdo Regional sobre el Principio 10 de Rio+20.
Asegurar la producción, gestión y disponibilidad de información ambiental para una toma de decisiones balanceada e integral en materia de desarrollo sostenible.
