¿Qué lugar ocupa la sociedad civil en la construcción de la Infraestructura Pública Digital (DPI) de América Latina y el Caribe? Para responder a esta pregunta, Cepei, ILDA y Open Data Charter encuestaron a 26 organizaciones de la sociedad civil de 11 países y entrevistaron a 12 de sus líderes entre marzo y mayo de 2026. El estudio recoge cómo entienden estas organizaciones la DPI, qué capacidades tienen para incidir en ella y qué riesgos identifican para los derechos de las personas.
DPI en América Latina y el Caribe: Perspectivas de organizaciones de la sociedad civil

Principales hallazgos
El interés por participar es muy alto, con una media de 4,5 sobre 5, mientras que el 58 % de las organizaciones no conoce espacios de participación vinculados a la DPI. Además, entre quienes identifican casos de uso concretos, más del 60 % no intervino en su diseño, implementación o gobernanza.

El financiamiento es la capacidad peor valorada (1,9 sobre 5), y el 69 % lo señala como su principal necesidad.

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de salvaguardas: el 85 % considera que los servicios digitales públicos pueden generar afectaciones, y la privacidad y la discriminación son los riesgos más citados (96 % en ambos casos).
Main Findings
El interés por participar es muy alto, con una media de 4,5 sobre 5, mientras que el 58 % de las organizaciones no conoce espacios de participación vinculados a la DPI. Además, entre quienes identifican casos de uso concretos, más del 60 % no intervino en su diseño, implementación o gobernanza.

El financiamiento es la capacidad peor valorada (1,9 sobre 5), y el 69 % lo señala como su principal necesidad.

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de salvaguardas: el 85 % considera que los servicios digitales públicos pueden generar afectaciones, y la privacidad y la discriminación son los riesgos más citados (96 % en ambos casos).
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