Margarita Vaca Cuevas
Cepei
m.vaca@cepei.org
El Artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos pone de manifiesto que “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”. Esta premisa ha sido el punto de partida para adoptar e implementar los principios democráticos alrededor del mundo, entendiendo la democracia más allá de un sistema de gobierno, sino, como una forma de vida que garantiza el cumplimiento de los derechos humanos a partir del respeto y la tolerancia a la diversidad, la libertad de expresión y la capacidad de agencia de todos sin ningún tipo de discriminación o diferencia.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) resaltan la importancia de construir democracias cada vez más resilientes, inclusivas y sostenibles a través del ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. Sus indicadores apuntan a poner fin a todo tipo de violencia y al financiamiento de actos ilícitos, asegurar el acceso a la justicia sin dejar a nadie atrás, promover la rendición de cuentas por medio de la difusión de información y la libre expresión, así como forjar instituciones capaces de responder de forma transparente a las necesidades y prioridades de una nación.
La pandemia de la COVID-19 ha representado retos significativos para la democracia en todas las regiones, en particular en América Latina y el Caribe, donde la debilidad institucional, la corrupción y la falta de garantía de derechos afloran un ‘malestar democrático’ histórico. Las medidas tomadas por los gobiernos para evitar la propagación del virus en sus territorios como los confinamientos y la reestructuración de los servicios de atención a los ciudadanos, abrieron la discusión entre la libertad de los derechos civiles de las personas y la protección de la salud tanto individual como colectiva. Ejemplo de esta disyuntiva es que al menos el 70% de los países de la región vieron limitada la actividad de los tribunales y el acceso a la justicia debido a la pandemia y los cierres (IDEA, 2021).
Estados excepcionales como instrumentos de poder
La propagación de la COVID-19 llevó a que los gobiernos cambiaran su forma de tomar decisiones a nivel global, regional, nacional y local, a fin de combatir los efectos de la pandemia y agilizar los procesos burocráticos para una pronta reacción. De tal forma, al menos 21 países de América Latina y el Caribe (91%) han declarado estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe por calamidad pública o emergencia sanitaria nacional (IDEA, 2021). Sin embargo, las nuevas reglas de juego definidas en este tipo de estados excepcionales se convirtieron en una puerta para tomar medidas de emergencia innecesarias que atentaban contra los derechos de las personas.
De acuerdo con el Informe sobre América Latina del Global State of Democracy (GSoD), 12 gobiernos democráticos implementaron medidas de emergencia que fueron ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias. Asimismo, esta situación llevó a que en algunos estados de la región se produjera una ruptura en el equilibrio entre las ramas del poder público. Por ejemplo, se brindó mayor libertad al poder ejecutivo, quien, durante la pandemia, ha tomado las decisiones presupuestarias por decreto presidencial, como se evidencia en Argentina, Colombia, México y Perú (Directorio Legislativo, 2020).
En este contexto, América Latina y el Caribe obtuvo un puntaje de 6,09 sobre 10 en el Índice de Democracia de 2020, siendo el quinto año consecutivo en que desciende. Uruguay, Chile y Costa Rica (de mayor a menor puntaje) son los únicos países que viven en democracia plena y cuya calificación es superior a 8 puntos, mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela (de mayor a menor puntaje) experimentan un régimen autoritario. Los demás países se distribuyen en democracias defectuosas (13) y régimen híbridos (5).
Si bien las restricciones de movilidad durante la pandemia implicaron un retroceso en la democracia de la región, las prácticas antidemocráticas de Bolivia, El Salvador, Haití y México tuvieron una alta incidencia en el bajo puntaje, así como el creciente autoritarismo en Venezuela y Nicaragua cuyos efectos se han visto reflejados no solo en países cercanos, sino, además en toda la región.
Restricciones a la libertad de comunicar: sin vacuna para la desinformación
En cuanto al estado de libertad, el Informe de Libertad en el Mundo 2021 evidencia que solo 9 países de la región son libres, es decir que en las diferentes categorías definidas tanto en los derechos políticos (proceso electoral, pluralismo político y participación, y funcionamiento del gobierno) como en las libertades civiles (libertad de expresión y creencias, derechos de asociación y organización, estado de derecho y, autonomía persona y derechos individuales) obtuvieron una puntuación positiva. Sin embargo, 13 países de la región presentaron un cambio negativo en el índice de libertad global, es decir los derechos políticos y las libertades civiles de sus habitantes se vieron disminuidos.
En relación con la libertad en el uso de Internet, que ha jugado un rol relevante durante la pandemia al ser un mecanismo de denuncia y reporte, no existían datos para medir el estado de este indicador en 17 países de la región. Mientras que de los 7 países que contaban con datos, 5 sufrieron deterioros en este indicador, siendo Ecuador el país que representó un mayor retroceso, con una disminución de 4 puntos (57/100), como resultado de las interrupciones en la conectividad fija y móvil durante manifestaciones sociales, así como en las plataformas de redes sociales. Además de las campañas de desinformación sobre la pandemia (Freedom House, 2021).
Por último, el derecho al acceso a la información se ha visto limitado ante las represiones gubernamentales contra la prensa y la difusión de datos relacionados con la propagación del virus, la gestión de recursos para responder a la pandemia y los argumentos ante la toma de decisiones gubernamentales. Por ejemplo, conocer las cifras oficiales sobre la pandemia en Brasil era una tarea compleja ante los intentos de su gobierno de minimizar la gravedad de la crisis (Reporte sin Fronteras, 2021). Asimismo, en Cuba y Venezuela se han realizado detenciones de periodistas y confiscado su equipo de trabajo. En otros países como El Salvador y Honduras, la movilidad de los periodistas para realizar su trabajo informativo fue limitada (Camilleri, Christie & Lanza, 2020).
De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, Latinoamérica registró el peor retroceso (+2,5%) entre los indicadores regionales. La mayoría de países se encuentra en una posición restrictiva para promover la libertad de prensa. En 8 países la libertad de prensa se encuentra en una situación difícil con una calificación entre 35 y 55 puntos sobre 100 y 9 países enfrentan problemas significativos (25 a 35 puntos sobre 100).
Conclusiones
Sin duda la propagación de la COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas democráticos de América Latina y el Caribe, y en general del mundo, al demandar que se encuentre un punto de equilibrio que asegure la protección de la salud de su población, sin descuidar el cumplimiento de sus derechos. Para lo cual es necesario la aplicación de nuevas medidas y normas que tengan como eje transversal el respeto a la libertad y la rendición de cuentas basada en evidencia sólida que visibilice los avances, fallos y retos que enfrentan los países.
Asimismo, los gobiernos deben comprometerse con brindar información oportuna y verídica de la situación actual de la pandemia tanto a nivel sanitario como presupuestario y actuar como veedores de la información, evitando cualquier tipo de discursos de odio que puedan motivar a la población a tomar acciones en contra de la democracia o su salud. Lo anterior, en línea con la meta ODS 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Por otra parte, el restablecimiento del equilibrio entre las ramas de poder público que regule las funciones de todos los actores involucrados en la toma de decisiones a partir del debate y evite decisiones unilaterales bajo intereses de terceros, es fundamental para restaurar la legitimidad del Estado y la democracia en sí misma. Es pertinente resaltar que el autoritarismo instalado durante esta pandemia en algunos países será un reto considerable para toda la región y requerirá de estrategias que trascienden el orden nacional.
Fortalecer la democracia plena en América Latina y el Caribe implica dar voz y voto a todos en línea con las metas establecidas en los ODS, en específico en el ODS 16 que actúa como multiplicador en el logro de los demás ODS.