Jorge Umaña
Cepei
j.umana@cepei.org
6 de marzo de 2021
Vivimos en una sociedad cada vez más conectada. Nos comunicamos, hacemos compras, realizamos trámites y gestiones gubernamentales, por medio de mecanismos y herramientas digitales. Este tipo de intercambios y transacciones generan una gran cantidad de datos, para instituciones públicas, empresas, academia y sociedad civil, que deben ser gestionados de la mejor manera para un óptimo aprovechamiento. Por eso, en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, Naciones Unidas establece dentro de su ODS 16, la relevancia de las instituciones sólidas, donde se enmarca la importancia de respetar los derechos humanos para construir sociedades más efectivas e inclusivas.
La meta 16.10 promueve la necesidad de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Por ejemplo, en el marco de la institucionalidad pública, los datos son una herramienta imprescindible para el diseño de políticas, planes y programas. Pero no solo es de utilidad para la institución, pues al ser información pública es a su vez un insumo relevante para la ciudadanía en general.
Cuando estos datos se ponen a disposición de las personas en formatos abiertos, es decir “… que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen…” (Open data handbook, 2015), pueden generar un impacto positivo en diversos campos como el diseño de políticas, la mejora de bienes y servicios públicos y la creación de oportunidades económicas y de innovación.
De hecho, en 2016, el GovLab de la Universidad de Nueva York desarrolló 37 estudios de casos detallados que exploraron los impactos de los datos abiertos alrededor del mundo. A partir de esta investigación, se generaron cuatro grandes áreas de valor de los datos abiertos (GovLab, 2016). Estas son:
- Mejora del gobierno: los datos abiertos están mejorando la gestión de las instituciones de gobierno y su relación con la ciudadanía por medio de un abordaje preventivo de la corrupción, al generar mayor transparencia, mejorar los bienes y servicios públicos y visibilizar la asignación de recursos.
- Empoderamiento ciudadano: los datos abiertos empoderan a la ciudadanía para que se informen de las acciones que realizan las instituciones para poder incidir y exigir cambios en la acción pública y que estos permitan la generación de bienestar general.
- Creación de oportunidades: el uso de los datos abiertos está creando nuevas oportunidades para la ciudadanía y las organizaciones, dado que fomentan la innovación y promueven el crecimiento económico y la creación de empleo.
- Resolución de problemas públicos: los datos abiertos están desempeñando un papel cada vez más importante en la resolución de grandes problemas públicos, principalmente al permitir que los ciudadanos y los responsables políticos accedan a nuevas formas de evaluación de los problemas basados en la evidencia. También permite un compromiso basado en datos que produce intervenciones más específicas y una mejor colaboración.
Estado de los datos abiertos en América Latina y el Caribe
Estos estudios de caso señalan el enorme potencial y las posibilidades que ofrecen los datos abiertos en diversas temáticas. Pero a pesar de este claro potencial, la medición del Barómetro Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe del 2020 [1] (Open Data Barometer – ODB) evidencia los obstáculos y rezagos que se han generado en los últimos dos años en la región.
La aplicación de este instrumento estuvo a cargo de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) quien asumió el compromiso de implementar una edición regional del Barómetro de Datos Abiertos. Por medio de este proceso, se evaluaron las iniciativas de datos abiertos en América Latina y el Caribe, con el fin de identificar el estado de la región en esta materia y los aprendizajes de las buenas prácticas implementadas por los países para generar colaboración horizontal, así como para reflexionar sobre las políticas actuales de datos abiertos y sus resultados.
En 2020, el Barómetro de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe cubrió 24 países, 16 de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y 8 del Caribe (Bahamas, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago). Esta medición además clasifica a los gobiernos de estos países según:
- La preparación para iniciativas de datos abiertos
- La implementación de programas de datos abiertos
- El impacto que los datos abiertos están teniendo en las empresas, la política y la sociedad civil
Entre los hallazgos principales del informe en la región se destacan:
- América Latina y el Caribe, es hoy una región que publica más datos con respecto a la última evaluación hecha en 2016. En consecuencia, la mayoría de los países de la región presentan mejoras, aunque sean marginales, con respecto al 2016. La excepción es México.
- La calificación promedio para los 24 países de América Latina y el Caribe fue de 40.38 puntos, de un total de 100 puntos posibles. Esto muestra una gran oportunidad de mejora para la región.
- En esta evaluación, el liderazgo de la región pertenece a Uruguay (64), seguido muy de cerca por Argentina (63) y, a un poco más de distancia, se encuentran Colombia y Brasil (60 cada uno).
- Tanto Ecuador como Argentina son los países que presentan la variación más importante desde la última medición en que participaron. La evolución de Argentina se debe a la alta inversión en la iniciativa de datos abiertos, desarrollada por la Secretaría de Modernización entre 2015 y 2019. En el caso de Ecuador, en 2019 se desarrolló la séptima edición del evento regional de AbreLatam y ConDatos en Quito.
Por otra parte, el análisis del ODB presenta cuatro recomendaciones centrales que deberán ser adoptadas por los países para impulsar la agenda (ILDA, 2020):
- Los gobiernos deben invertir de manera constante y sostenida en equipos que guíen e implementen políticas de datos abiertos a todos los niveles de gobierno.
- Los gobiernos deben considerar los distintos aspectos de la producción y uso de datos del sector público y privado, incluyendo aspectos regulatorios en materia de privacidad, uso de datos para el bien común y tecnologías emergentes, focalizándose en la inclusión de las personas más vulnerables de la sociedad.
- Los gobiernos deben redoblar los esfuerzos por incluir al sector privado y la sociedad civil en el ecosistema de apertura de datos para poder avanzar en la agenda y generar mejores y mayores usos de los datos para producir beneficios a los diversos grupos de la sociedad.
- Los gobiernos deben mejorar la calidad de sus datos, al tomar especial cuidado en considerar las dimensiones de género, como otras variables relevantes, de forma que incluya a todas las personas en sus sociedades.
Conclusiones
El Barómetro nos brinda un acercamiento a una realidad que estamos viviendo en la región no solo con el tema de los datos abiertos, sino también, con una serie de aspectos sociales, económicos y ambientales que no se han resuelto. En materia de datos abiertos, nos encontramos en una situación de estancamiento que pone en riesgo y compromete las agendas relacionadas con la democracia, los bienes y servicios públicos, y el desarrollo sostenible.
Países como Costa Rica contaban con portales de datos abiertos que fueron deshabilitados. Algunas iniciativas de datos abiertos con talento humano de alto nivel, pero con cambios de administración se diluyeron, como fue el caso del escuadrón de datos abiertos de la Estrategia Digital Nacional de México.
Como región, hemos llegado a un punto de entendimiento, de manera tal que sin apertura, no es posible concebir democracias y ciudadanías informadas que sean capaces de incidir en la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Sin embargo, es necesario que los diferentes actores desde la sociedad civil hasta los organismos internacionales, tengan mayor protagonismo en estas agendas, para asegurar el derecho humano de acceso a la información como herramienta de control y cumplimiento de las metas de los ODS en la agenda pública.
Referencias
Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (2020). Barómetro Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe 2020
Open Knowledge Foundation. (sf). Open data handbook. ¿Qué son los datos abiertos?
Verhulst, S.; Young, A. (2016). OPEN DATA IMPACT WHEN DEMAND AND SUPPLY MEET Key Findings of the Open Data Impact Case Studies. GovLab, New York University
[1] El Barómetro de Datos Abiertos es un proyecto de investigación que ha sido producido por la World Wide Web Foundation con el apoyo de Omidyar Network. Tiene como objetivo conocer el predominio e impacto de las iniciativas de datos abiertos en todo el mundo, analizar tendencias globales y proporcionar datos comparativos sobre gobiernos y regiones por medio de una metodología detallada que combina datos de contexto, evaluaciones técnicas y reportes globales.