Juan Alberto Rial (Autor invitado)
Profesor de Derecho Internacional Público
Secretario del Instituto de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Naciones Unidas tiene hoy activas trece misiones con cerca de 83.000 efectivos provenientes de 119 de sus miembros. La misión más grande está desplegada en Sudán del Sur e integrada por 13.795 personas; la más pequeña se extiende a través de varios países de África Occidental y el Sahel, y está integrada solo por 2 efectivos. Sea cual sea el tamaño de la misión la renovación de su personal se realiza cada seis meses (no necesariamente se renuevan todos los efectivos por completo). Con esto tratamos de llamar la atención sobre los enormes desafíos que implica el COVID-19 en la tarea de preservar la salud del componente humano de las misiones de paz, que representa la realidad de casi 120 sistemas sanitarios diversos, y que bien pueden haber arribado al país anfitrión de la misión en coyunturas diversas: el riesgo es menor si el contingente fue desplegado hace cuatro meses proveniente de una región sin circulación del COVID-19, al que puede generar una rotación desde o hacia un país con alta circulación del Coronavirus.
Recordemos, por caso, lo delicado de la coyuntura: en 2016 el entonces Secretario General de la ONU tuvo que reconocer la responsabilidad de la organización en la propagación del brote de cólera en Haití tras haberse demostrado que fueron efectivos de la misión de paz en ese país quienes introdujeron la enfermedad que, según la Organización Panamericana de la Salud, cobró cerca de 10.000 vidas e infectó a más de 820.000 personas. Todo ello se inició en 2010, el mismo año en el cual el país sufrió un devastador terremoto.
La introducción de una enfermedad altamente contagiosa, como es el COVID-19, puede generar enormes problemas en un entorno que presenta fragilidades en diversas facetas, dado que la tensión política, las consecuencias negativas en términos económicos y sociales de un conflicto armado (interno o internacional), así como los procesos de transición hacia una democracia robusta suelen ser las circunstancias que han llevado al despliegue de las operaciones de paz. Que dicha operación agregue dificultades a un ambiente ya de por sí complejo, en lugar de ser la herramienta para crear soluciones, horadaría su legitimidad.
Por otro lado, la introducción de una enfermedad o el agravamiento de la misma en caso de preexistencia de un brote epidémico, atenta directamente contra la paz en un sentido amplio, en términos de “paz positiva”, tal cual lo afirmaba el Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali en su “Programa para la Paz” al afirmar que:
[N]o puede permitirse que esta nueva dimensión de la inseguridad eclipse los devastadores y constantes problemas [dado que] cunden las enfermedades… Se trata de elementos que, a la vez, son fuente y consecuencia de conflictos que exigen una atención incesante y un alto grado de prioridad en las actividades de las Naciones Unidas. La sequía y las enfermedades pueden diezmar a la población con la misma crueldad que las armas de guerra.
El desarrollo, la seguridad y los derechos humanos no solo son indispensables, sino que también se fortalecen recíprocamente. Así, la noción de seguridad humana adquiere vigencia tangible en estas circunstancias tan extraordinarias que nos tocan vivir. Consistente con ello, el Secretario General de la ONU afirmó que:
Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI se cuentan no sólo la guerra y los conflictos internacionales, sino… las enfermedades infecciosas mortales… puesto que también pueden tener consecuencias catastróficas. Todas estas amenazas pueden ser causa de muerte o reducir gravemente las posibilidades de vida. Todas ellas pueden socavar a los Estados como unidades básicas del sistema internacional.
Queda claro que toda medida adoptada en pos de evitar convertir a las Operaciones de Paz en focos de trasmisión del COVID-19 fortalece la legitimidad de la presencia de la ONU en los países anfitriones, y contribuye de manera efectiva al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. No queda más que acompañar el pedido del Departamento de Operaciones de Paz y del Departamento de Apoyo Operativo de revisar meticulosamente las rotaciones de efectivos en los próximos seis meses, así como la solicitud de retrasar por tres meses las rotaciones que eran de cumplimiento inminente, a los efectos de mantener las fuerzas operativas y con la capacidad de cumplir con las tareas obligatorias. Más allá de que los vuelos de rotación de personal estén permitidos, la prudencia debe primar a los efectos de minimizar los riesgos.
Sin duda, los hombres y mujeres que integran las misiones de paz de las Naciones Unidas se han visto perjudicados por el retraso del necesario retorno a sus hogares, pero su vocación de servicio y el hecho de saber que el bienestar de todos prevalece sobre las dificultades coyunturales individuales lo compensará.
La pandemia del COVID-19 pone en jaque a la Sociedad Internacional en su conjunto. El multilateralismo, y sus mayores expresiones se encuentran frente a un nuevo desafío, magnificado por otros tantos que le preceden: permanentes ataques contra la multilateralidad por parte de actores internacionales centrales; contra los principales acuerdos que protegen al medio ambiente, el comercio internacional o promueven el desarme y la no proliferación. Esos ataques dañan enormemente el tejido social y la endeble solidaridad internacional que tanto ha costado construir.
En una era de interdependencia mundial, el interés común es un aglutinante que debería unir a todos los Estados en torno a esta causa, al igual que deberían hacerlo los impulsos de nuestra humanidad común. Probablemente, la pandemia del COVID-19 sea el gran desafío colectivo de nuestra generación. Y tal vez nos permita consolidar los logros que la paz puede ofrecernos. De nosotros depende.