
Hernán Muñoz
Cepei
h.munoz@cepei.org
23 de julio de 2020
La pandemia del COVID-19, que al momento ha afectado a 14 millones de personas a nivel global y ha causado una cifra de muertes cercana a las 600.000 personas (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020), ha recibido respuestas heterogéneas por parte de los Estados en términos de testeo, tratamiento, aislamiento, restricciones de movilidad y ayuda financiera tanto a la población como a la actividad económica. Las discusiones en torno a la efectividad de cada medida incluyen datos de diferente naturaleza y calidad que se ven inmersos en ejercicios forzados de comparabilidad entre países.
Asimismo, las estadísticas públicas han servido durante todo este tiempo para dimensionar el impacto de la pandemia, no solo en términos de salud, sino, también, económicos y sociales, así como para pensar las estrategias de mitigación y recuperación una vez superada esta situación.
De esta manera, la emergencia sanitaria ha puesto las estadísticas oficiales en el centro de la escena, al desafiar las capacidades instaladas de los sistemas de información, y exponer sus debilidades. Hemos visto en estos tiempos problemas de consistencia y comparabilidad en los datos oficiales de salud de los países y falta de reglas claras en su difusión, algo que en muchos casos ha creado escepticismo en la población, y que seguramente ha afectado la efectividad de las medidas implementadas para paliar la crisis. Estas experiencias revalorizan el rol que cumplen las recomendaciones de buenas prácticas para la producción y difusión de datos oficiales, en especial, en la eficacia del ciclo de las políticas públicas, desde la identificación del problema hasta su implementación y evaluación.
Los Institutos Nacionales de Estadística (INEs) han tenido que enfrentar un desafío inédito. En primer lugar, porque en la mayor parte de los países, los INEs ejercen una rectoría sobre todas las estadísticas oficiales y han sido requeridos para la validación y asistencia en la producción de información específica referida al COVID-19. Por otro lado, la actividad estadística regular se vió alterada de forma significativa. La producción de estadísticas incluye operativos de campo que, por razones de confianza y efectividad en la respuesta, encuentran un pilar fundamental en la entrevista presencial. La imposibilidad de realizar visitas a los hogares y empresas, representó un desafío en términos tanto metodológicos como ejecutivos. A su vez, en muchos casos los INEs han tenido que obedecer cuarentenas estrictas y su personal de escritorio debió adaptarse a trabajar de forma remota.
La encuesta global de COVID-19 realizada por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial que incluyó a 122 países, evidencia que el 65% de los INEs ha cerrado parcial o completamente sus oficinas y el 96% ha interrumpido parcial o en su totalidad las entrevistas presenciales. Una de las principales conclusiones que surge de esta encuesta es que los INEs de los países con menos recursos son los que están enfrentando los desafíos más grandes. El 90% de los países de ingresos bajos y medios-bajos tuvieron dificultades para reportar requerimientos internacionales de información, mientras que esa proporción es del 50% en el grupo de países más desarrollados. La pandemia también, en este ámbito, está exacerbando las desigualdades entre países. Este fenómeno encuentra una de sus principales explicaciones en las limitaciones de recursos y capacidades técnicas, a la vez que resalta la imperiosa necesidad de ayuda internacional en este sentido.
Por otra parte, la pandemia también ha implicado una oportunidad para los INEs que vieron revalorizada su función. Las agendas de fortalecimiento y reforma de los sistemas de información en general, y en particular la de los INEs, tienen una ventana de oportunidad para avanzar en la preparación de una infraestructura de datos más eficiente para enfrentar los próximos retos que se presenten.
En este marco, surgieron casos de respuestas novedosas a esta situación. En términos generales, se ha observado una tendencia a expandir la utilización de métodos no tradicionales y avanzar en la revolución digital para la recolección de datos. Así, se ha intensificado el uso de registros administrativos, encuestas telefónicas u online y big data. Según la encuesta realizada por UNSD y el Banco Mundial, más del 50% de los INEs a nivel global avanzaron hacia el uso de encuestas telefónicas y registros administrativos. Además, un tercio de los encuestados manifestó haber implementado encuestas online. Por otro lado, alrededor de un 15% de los INEs han producido información basada en fuentes no tradicionales, principalmente de redes sociales y registros de llamadas telefónicas, así como, en menor medida, sensor data, imágenes satelitales, datos generados por la ciudadanía y crowdsourcing.
La pandemia del COVID-19 se ha constituido, en muchos sentidos, en una bisagra de nuestra era. La estadística no es ajena a este hecho. La modernización en la producción de datos venía avanzando de forma progresiva, pero la incorporación de elementos novedosos se aceleró de forma decisiva con la pandemia como catalizador. Es probable que en los tiempos por venir se consolide esta tendencia. La comunidad internacional deberá trabajar para que las mejoras impacten de forma homogénea entre los países, siguiendo la premisa de no dejar a nadie atrás.

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