COVID-19 | Apuntes para rediseñar el orden global: transparencia

abril 21, 2020

Javier Surasky
Cepei
j.surasky@cepei.org

21 de abril de 2020

En una entrada anterior de esta serie hablábamos de la imposibilidad de conocer cómo será el mundo después de superada la pandemia, señalando que intentar reconstruir el orden mundial es absurdo, y más inteligente sería rediseñarlo sobre las lecciones aprendidas. Con esa premisa en mente iniciamos una serie de publicaciones orientadas a pensar en pasos concretos para ese fin.

Iniciaremos centrando nuestra atención en un asunto crítico: la transparencia en la toma de decisiones. De haber existido mecanismos transparentes operativos, posiblemente la Organización Mundial de la Salud se hubiera enterado de la existencia del COVID-19 antes del 31 de diciembre de 2019, y es probable que los expertos que la asesoraron no hubieran tardado 22 días para declarar la existencia de una emergencia sanitaria mundial. La demora en responder se debió, sin duda, a la insuficiencia y falta de claridad de la información disponible.

La transparencia, junto con la rendición de cuentas, son herramientas necesarias no solo para enfrentar cualquier crisis, sino fundamentalmente para prevenirlas. Son la savia que hace de la democracia mucho más que un mero orden político-institucional y le otorga el espacio de orden social. La transparencia es también una herramienta para la protección de derechos, especialmente humanos, y lo que habilita las capacidades de múltiples actores en la tarea conjunta de promover el bienestar común. La lista podría continuar.

El orden mundial en el que vivimos muestra “brechas de transparencia” en diferentes niveles.

Falta de transparencia en el nivel global:

El 8 de abril de este año, Transparency International, Human Rights Watch y Global Witness enviaron una nota conjunta a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional afirmando: “De ninguna manera queremos frenar la respuesta del FMI a la crisis o evitar que los países que necesiten el dinero puedan recibirlo. En cambio, deseamos resaltar la necesidad de que el Fondo establezca medidas básicas para asegurar que el dinero recibido por los países se use de manera transparente y responsable”. A pesar de que ha habido progresos, la falta de transparencia (y de democracia) en el trabajo de instituciones como el FMI debe ser resuelta en el orden mundial que resulte de la actual pandemia, especialmente cuando la necesidad de recursos económicos será amplia y fundamental para que los países menos adelantados, pero también los de ingresos medios, puedan retomar vías de crecimiento y viabilidad nacional.

Falta de transparencia a nivel nacional:

Ya antes de la crisis se denunciaba la cada vez mayor reducción de los espacios de acción para la sociedad civil en múltiples países. Ejemplos de ello son los artículos “Is civic space really shrinking, and if so who’s to blame?”, “Shrinking Civil Space: A Digital Perspective” o el 2019 State of Civil Society Report, todos publicados en 2019, y en todos los casos, afectando la transparencia en la toma de decisiones públicas.

¿Está la gestión nacional de la pandemia teniendo en cuenta requerimientos de transparencia? Veamos qué nos muestra un recorrido por países de América Latina y el Caribe.

Si bien el acceso a los datos que se utilizan para el seguimiento de la situación es amplio y existen mapas y dashboards globales, entre los que destaca el de la Universidad John Hopkins, la mayor parte de los países de la región ha establecido sus propios centros de datos e información sobre la situación nacional del COVID-19 (con las únicas excepciones a esta tendencia siendo Haití, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas). El caso de Nicaragua es particular, pues el Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud de ese país ha emitido un comunicado donde se afirma que “Nicaragua no ha establecido ni establecerá, ningún tipo de Cuarentena”.

No obstante, al observar las estructuras definidas por los gobiernos de la región para gestionar la respuesta a la pandemia en el nivel nacional, encontramos que en los 33 países de América Latina y el Caribe los Ministerios de Salud encabezan mecanismos de gestión de la crisis. También se verifica una fuerte implicación de los Jefes de Estado y de Gobierno. En todos los países, y con especial fuerza en los caribeños, órganos preexistentes de respuesta rápida frente a emergencias se han convertido en brazos ejecutivos de las decisiones sanitarias. Algunos países han incorporado formalmente a expertos nacionales realizando tareas de asesoría (son los casos de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Granada, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Saint Kitts y Nevis).

En ningún caso, sin embargo, se han establecido canales institucionales de participación de otros actores o reglas de comunicación transparente de las decisiones, procesos y debates que tienen lugar en el interior de los países.

En una iniciativa que queremos destacar, Perú es el único país de la región que ha creado un mecanismo (haz clic aquí para ir al portal web) que permite el seguimiento de la gestión de los recursos públicos durante la emergencia.

Si bien la urgencia propia de la gestión de cualquier crisis requiere reducir la cantidad de personas involucradas en las tomas de decisiones, esto de ninguna manera puede significar vía libre para restringir la transparencia. Una solución puede ser contar con órganos de respuesta rápida, como los existentes, complementados con espacios de trabajo donde se realicen análisis más pausados, que incluyan visiones de un número mayor de actores.

Sepultar la transparencia bajo la urgencia puede tener consecuencias nefastas, tanto más cuanto en el mundo por venir llegarán nuevas crisis. No es pesimismo, sino apego a los datos: desde 2009 la OMS ha declarado 6 emergencias de salud globales (gripe aviar H5N1 en 2009; brote de poliomielitis, enfermedad que se creía erradicada, y Ébola en África occidental en 2014; virus del Zika en 2016; Ébola en la República Democrática del Congo en 2019 y COVID-19 en 2020), lo que señala una aceleración en su recurrencia. Todos los informes prospectivos de expertos de las Naciones Unidas en temas ambientales, como el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 ºC, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, indican los riesgos delante nuestro; el incremento del número de migrantes forzosos y refugiados presenta riesgos asociados, señalados reiteradamente y a la fecha la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene vigentes 13 situaciones de emergencia en desarrollo, incluyendo al Coronavirus.

Promover la transparencia, crear incentivos para el involucramiento de múltiples actores en el seguimiento de las decisiones públicas, “abrir los datos” y democratizar las herramientas que permiten su generación y uso son medidas necesarias para rediseñar el mundo post COVID-19 sin repetir los errores del pasado.

“Se informaron 31,345 casos adicionales y 2,601 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 4% (casos) y del 5% (muertes) en comparación con el día anterior. La mayoría de los nuevos casos (25,634 casos, 82%) y muertes (2,154 muertes, 83%) continúan siendo reportadas desde los Estados Unidos de América“.
Organización Panamericana de la Salud, 21 de abril de 2020

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