COVID-19 | Apuntes para rediseñar el orden global: ellas son la primera línea (ODS 5)

agosto 5, 2020

Javier Surasky
Cepei
j.surasky@cepei.org

05 de agosto de 2020

Desde el inicio de la pandemia se habla sobre las consecuencias particularmente graves que produce el COVID-19 sobre las mujeres. No se trata, por supuesto, de que el virus haga ningún tipo de diferencia al afectar el organismo de hombre o mujeres, sino de su capacidad para mostrarnos múltiples formas en que nuestras sociedades les imponen cargas y castigos por el solo hecho de ser mujeres, al tiempo que nos habla de la hipocresía que existe en torno a la equidad de géneros.

Nada nuevo se dice cuando se señala la situación a la que se somete a las mujeres en todos los ámbitos que abarcan los ODS, desde la salud y la educación hasta la pobreza y el daño producido por desastres “naturales”. La cuarentena impuesta como respuesta básica a la pandemia ha dejado claro que el propio hogar puede ser el peor lugar para algunas mujeres, víctimas de violencia doméstica (ING).

Otros elementos, sin embargo, han recibido menor atención y serán igualmente vinculados al carácter patriarcal y la distribución según géneros que deriva de ella. Todos y todas sabemos que quienes trabajan en el sector sanitario representan la primera línea de combate contra el COVID-19, quedando especialmente expuestos.

Las actividades de cuidados, como lo es la enfermería, han sido tradicionalmente atadas al rol “protector” y “maternal” del estereotipo patriarcal de la mujer. La enfermería era un “rol acorde” a la mujer, aun en tiempos de conflictos bélicos y en el frente de batalla. Hoy más del 70% del personal sanitario a nivel mundial está integrado por mujeres, un número que crece en América Latina y el Caribe hasta cerca del 80%. Para ser más claro: quienes están poniendo el cuerpo de manera cotidiana en las labores de apoyo a las personas que buscan atención en centros de salud de cualquier clase y en cualquier parte del planeta son “ellas”, las mujeres. No obstante, la crisis actual también ha dejado en claro que los centros de salud tienden a tener insuficiente equipamiento de protección personal correspondiente a ¡tallas femeninas!

Como si eso no fuese bastante, las mujeres ocupan apenas el 25% de los cargos de responsabilidad en materia sanitaria y apenas el 20% de las organizaciones sanitarias mundiales tienen consejos ejecutivos donde hay paridad de género.

Esa realidad se expresa, como era de prever, en materia de remuneraciones. La diferencia entre el sueldo que percibe un hombre y una mujer por el mismo trabajo en el sector sanitario está por encima del ya inaceptable 19% promedio de desigualdad salarial según género, y llega a representar una brecha cercana al 25%. Esto implica que por cada dólar que gana un trabajador sanitario hombre haciendo su trabajo, una mujer percibirá 75 centavos.

La desigualdad en los cargos de ejercicio del poder, aun en gobiernos democráticamente electos, también puede servir para crear un puente entre género, salud y discriminación: en América Latina y el Caribe, solo 9 de los 33 ministerios de salud están encabezados por mujeres (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía).

Si agregamos a esos datos el hecho de que a nivel mundial se requerirá generar 40 millones de puestos de trabajo en el sector sanitario para el año 2030 es fácil comprender que, de no tomar medidas urgentes y decididas en la materia, nos alejaremos cada vez más de cualquier posibilidad de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 sobre igualdad de género, con impactos negativos en otros múltiples ODS:

A la vez que retrocederemos en otros como el 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 1 (Fin de la Pobreza), 3 (Salud y bienestar) y 10 (Reducción de las desigualdades). Limitarse a permitir o, más grave aún, promover que el sistema sanitario siga creciendo sobre la base de esta discriminación en contra de las mujeres no es una solución real al problema de las desigualdades a su interior. El sistema sanitario global es, a todas luces, injusto y discriminatorio contra sus trabajadoras.

Algo similar sucede en otra de las áreas tradicionalmente vinculadas al rol de género impuesto a las mujeres como es la educación. En América Latina y el Caribe tres de cada 4 docentes son mujeres y, como consecuencia de la pandemia, afrontan el peso de las escuelas cerradas y la adaptación a formas de educación virtual para las cuales no han sido debidamente capacitadas, en espacios hogareños donde deben asumir la mayor parte del esfuerzo de las tareas domésticas y de cuidados, y con desigual acceso a tecnologías: en el periodo 2017-2018, el 63% de los hombre tuvieron acceso a internet, mientras las mujeres un 57%.

Por supuesto existen otras formas de violencia contra las mujeres, menos evidentes que la doméstica, exacerbadas por la pandemia: descuido y menores recursos para el cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva (cabe aquí recordar que la Agenda 2030 fue regresiva en este sentido, utilizando en tres oportunidades la referencia a “salud sexual y reproductiva” en lugar de la más avanzada y pertinente: “derechos sexuales y derechos reproductivos”), las interrupciones en las cadenas mundiales de aprovisionamiento que afectan la disponibilidad de productos como tampones, creando nuevas presiones sobre las mujeres frente a necesidades específicas en el cuidado de la salud que se suman a la ya conocida “tasa rosa”: sobreprecios a productos para consumo femenino.

El virus del COVID-19 ataca a cualquier persona por igual. Nuestras prácticas sociales, no.