El reporte de Uruguay parece más un informe temático que un examen nacional voluntario, dado que se limita a considerar los ODS priorizados por el HLPF de 2018, en lugar de considerar el conjunto de los 17 Objetivos.
Es posible que esto se deba a un elemento que afecta todo el texto: al haber reportado sus avances en dos años consecutivos, los elementos relevantes nuevos que se producen en ese lapso son limitados. Se destaca, sin embargo, el tratamiento dado al trabajo realizado por el país a nivel territorial.
Cepei presenta su informe de seguimiento al VNR de Uruguay que analiza los medios de implementación de la Agenda 2030 en el país, el alineamiento del VNR con las directrices voluntarias del Secretario General de la ONU, así como el uso de datos para el seguimiento y monitoreo de los ODS a nivel nacional, entre otras variables.
Principales hallazgos
✔ Uruguay muestra niveles de igualdad económica muy por encima de la media de América Latina y el Caribe: su clase media es la más grande de América, y representa el 60% de su población. Sus niveles de renta per cápita han hecho que en julio de 2013 el Banco Mundial lo clasificara como país de renta alta, y como consecuencia a partir de 2018 ya no es elegible para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo brindada por los países que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Dada la multidimensionalidad del desarrollo sostenible, esto podría convertirse en un obstáculo para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el país.
✔ La presentación de este segundo VNR uruguayo apenas un año después de un extenso primer informe, hace que pierda parte de su capacidad de introducir novedades de relevancia, lo que es entendible considerando que el proceso que lleva al desarrollo sostenible es necesariamente de largo plazo y avance lento. El hecho de que el VNR no analice los 17 ODS sino solo los temáticos del HLPF de 2018 contribuye a que se desdibuje su capacidad de mostrar un marco completo de avances.
✔ El país ha hecho un importante trabajo de relevamiento de sus capacidades en materia de datos para el desarrollo sostenible. Si bien se ilustran los pasos dados hasta ahora, el informe no aporta claridad sobre futuras medidas concretas a tomar para seguir cerrando las insuficiencias de información identificadas.
✔ La decisión de no crear nueva institucionalidad para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 puede traducirse en un riesgo de bajos niveles de inclusión de actores no gubernamentales en la toma de decisiones, por lo que será necesario estar atento a la evolución de este punto en un país con tradición de participación ciudadana.
