Violencia contra la niñez y adolescencia en México

Bogotá, 16 de junio de 2020 – La niñez y adolescencia en México (40 millones de niñas, niños y adolescentes) está afrontando una crisis que afecta su pleno desarrollo. Son múltiples los aspectos que la impactan de forma negativa. Entre ellos, uno de los más preocupantes, las diferentes formas de violencia a la que se ven sujetos.

“México hoy en día es catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo en materia delictiva” (UNAM, 2017). Aunque esto significa un retroceso e impacto negativo en el desarrollo de todos sus habitantes, las niñas, niños y adolescentes son la población más vulnerable no solo por ser víctimas directas de diferentes tipos de violencia, sino, además, por el involucramiento forzado, bien sea por necesidad o amenaza. 

Los delitos sexuales contra la niñez y adolescencia en México continúan siendo uno de los factores más preocupantes en el país tanto por las circunstancias en que se producen como por el impacto devastador que tienen sobre el futuro de las víctimas y su relación estrecha con los victimarios, en su mayoría, personas del círculo familiar.

La tasa de violencia sexual de niñas y niños en México es de 1,7 por cada mil, además, cinco mil de cada 100 mil sufren de tocamientos (INEGI, 2019). Solo en 2018, se presentaron 17.586 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 85,3% de las víctimas fueron mujeres y siendo Ciudad de México (10,6%) Chihuahua y Nuevo León (10,3% cada uno) los entidades con mayor número de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 

El anterior escenario es una alerta para el país, en especial, en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 donde se resalta la importancia de que todas las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos, garantizando el derecho a una vida sin violencia, explotación o abuso de cualquier tipo (Meta ODS 16.2), más  aún cuando se ha identificado una clara relación del tipos de violencia según el género (Meta 5.2).

Esta historia con datos busca hacer un llamado a los tomadores de decisiones para que continúen realizando esfuerzos significativos en el fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas en la protección y desarrollo integral de la niñez y adolescencia del país, así como brindar medidas de aseguramiento que fomenten la denuncia de estos hechos (Meta ODS 16.a).