La pandemia del COVID-19 y las limitantes virtuales de la gobernanza del desarrollo

Javier Surasky

Marzo 18, 2020

Javier Surasky
Cepei
j.surasky@cepei.org 

18 de marzo de 2020


El 15 de abril de 2019 Andrés Ortega publicó en el blog de Fundación Telefónica su entrada “Gobernanza digital: ¿hacia una nueva utopía?”. Si bien el texto tiene como foco de interés la posibilidad de promover una gobernanza más democrática y participativa basada en el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las posibilidades que abre hoy el big data, encontramos en él algunos elementos que pueden aplicarse también a un tema que hoy se ha vuelto de especial importancia dadas las consecuencias de la pandemia del COVID-19: la capacidad de mantener procesos orientados a la promoción y seguimiento del desarrollo sostenible mediante herramienta virtuales, cuando la movilidad internacional se ve reducida y las reuniones presenciales deben ser canceladas.

El primer elemento a considerar es el de la disponibilidad de esas tecnologías. No es necesario aquí destacar que las posibilidades de comunicación mediante el uso de herramientas tecnológicas existen y, en su forma más básica, están mundialmente diseminadas y son asequibles (WhatsApp, Skype, Google Meeting, Webex son algunos ejemplos bastante conocidos). ¿Cuál es el problema? El uso que se ha dado en la institucionalidad del desarrollo a estas tecnologías ha quedado ligado a funciones y procesos que siguen guiándose por lógicas ancladas en formatos tradicionales. Esta es una de las razones que explican que aún instituciones como las Naciones Unidas, en sus niveles global y regional, estén hoy enfrentando la limitante de no contar con mecanismos y herramientas preestablecidos para reemplazar sus reuniones presenciales por encuentros virtuales.

Claro que la responsabilidad no es solo de las instituciones, sino que debe sumarse un elemento crucial en este campo: no existe un esquema de “diplomacia virtual”. Las “reuniones de pasillo” no tienen su par en el campo virtual, como tampoco lo tienen otros esquemas de negociaciones tan informales como esenciales para alcanzar acuerdos.

Más aún, no existen las necesarias “salvaguardas sociales” para moverse hacia el uso intensivo de tecnologías que puedan actuar en reemplazo -y no solo complemento- de ciertas labores propias de la gobernanza del desarrollo. 

Foto: ExpoAndina 2020

Solo por mencionar un ejemplo, la desigualdad tecnológica existente en el mundo de hoy, produciría que una mayor gestión por medios virtuales enfrente el riesgo potencial de excluir actores “tecnorezagados” y “tecnovulnerables”(1). ¿Cuánto se ha trabajado sobre estos grupos como “en riesgo de ser dejados atrás” desde la adopción de la Agenda 2030? Francamente poco. Y como nos dice Ortega en la entrada de blog mencionada antes, la “utopía de la gobernanza digital” debe incorporar “la inclusividad en términos tecnológicos y sociales” (2). La desigualdad es, entonces, otro de los obstáculos para el avance de una gobernanza digital que necesariamente debe ser socialmente inclusiva. Volvemos una vez más al texto de Ortega cuando nos dice que, aunque el cierre de esas brechas es condición necesaria, no es suficiente: “son necesarios otros elementos como los derechos humanos, una idea enraizada de la democracia, el Estado de derecho, el fin de los monopolios de algunas plataformas en información masiva y evitar transformar el Estado de los big data (en Estado big brother)”.

Como contracara de ese riesgo de exclusión, en tiempos en que se reconoce el papel fundamental y la agencia de la juventud en la construcción del mundo futuro, la falta de adecuación virtual de las estructuras de gobernanza, pierde la perspectiva de que la generación que nos sucederá es ya una “generación digital”, y los esquemas de trabajo deben comenzar a adaptarse a las formas en que esta se comunica, crea y toma decisiones.

Existen elementos suficientes para identificar “buenas prácticas” aplicables a la gobernanza virtual del desarrollo. En materia de reuniones virtuales, adaptando y complementando la propuesta de Lara Donaldson, Directora de Asuntos Regulatorios e Industriales de Computershare, en su trabajo “How Technology is Changing the Governance Landscape?”:

Desarrollar y comunicar las reglas de trabajo de las reuniones antes de cada encuentro utilizando los canales de divulgación que aseguren su máxima llegada.

Replicar, en cuanto sea posible, las prácticas de trabajo establecidas para el mismo tipo de reunión si hubiese sido presencial (por ejemplo, canales de traducción simultánea y apertura a la participación de grupos principales, reglas sobre uso del tiempo).

Dar la debida publicidad a la reunión y al registro de participantes.

Proporcionar instrucciones a los participantes sobre cómo podrán hacer preguntas y reclamar el uso de la palabra.

Poner a disposición de los participantes la información relevante que deben tener al momento de iniciarse la reunión (documentos previos).

Contar con un moderador independiente o bien dejar ese rol en cabeza de una persona que tenga reconocimiento por parte de todas las partes que participarán de la reunión.

Asegurarse de que no se siga un “proceso selectivo” de preguntas que resulte en la supresión de grupos de estas.

Publicar todas las preguntas y respuestas después de la reunión, incluidas las que no se presentaron en la reunión debido a la falta de tiempo.

Prepararse para tomar decisiones. Debe estar claro desde el inicio el mecanismo virtual de adopción de decisiones y las formas en las que los participantes deben expresar su adhesión, rechazo o abstención a las propuestas. Asegurarse de que los participantes comprendan y puedan operar esos mecanismos (teniendo en cuenta, por ejemplo, restricciones visuales, auditivas y de movilidad).

Ser transparentes respecto de todos los pasos previos y de aquellos que se den como consecuencia de las decisiones adoptadas y los debates sostenidos en cada reunión.

Los progresos en el uso de herramientas virtuales en la gobernanza del desarrollo no solo serán necesarios por las razones expresadas ni por las posibilidades que abren frente a situaciones como la que nos plantea la pandemia del COVID-19, sino para facilitar canales de participación, democratizar estructuras, reducir el daño ambiental de los encuentros internacionales masivos (una de cuyas expresiones más brutales son los transportes aéreos de asistentes a las reuniones) e innovar en los canales que nos permitan hacer de la Década de Acción ODS para el logro de resultados una realidad.


(1) De acuerdo al PNUD 2.6 mil millones de personas en países en desarrollo no tienen acceso permanente a electricidad y más de 4 mil millones de personas aún no tienen acceso a Internet; 90% de ellos están en el mundo en desarrollo.

 (2) Recordemos que la meta 9.c refiere a “Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020”, es decir que tiene “fecha de vencimiento” el próximo 31 de diciembre.


En la Región de las Américas, 9 países notificaron por 1era vez casos de COVID-19: Antigua y Barbuda (1), Curazao (1), Guatemala (1), Santa Lucía (1), Venezuela (2), Guadalupe (1), Puerto Rico (3), Uruguay (3) y Surinam (1).

De los 25 países/territorios que reportaron casos en la región, 23 de ellos reportaron 557 casos adicionales, la mayor cantidad fue atribuible a los Estados Unidos”.

Organización Panamericana de la Salud, 14 de marzo de 2020

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Acerca del autor

Javier Surasky

PHd en Relaciones Internacionales y en Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Humanitaria, ha dictado cursos en diferentes carreras de posgrado, entre ellas la Maestría en Relaciones Internacionales y la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), el Máster en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid.