COVID-19: el precio de las promesas incumplidas

Javier Surasky
Cepei 
j.surasky@cepei.org

26 de marzo de 2020


Al finalizar 2015 la sociedad internacional celebraba el fin de un año exitoso en la historia del multilateralismo. Con apenas meses de diferencia los países habían negociado y adoptado la Agenda de Addis Abeba sobre financiamiento del Desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático. Lejos del protagonismo de los medios de comunicación y las grandes estrategias de marketing, otros procesos estaban en marcha de forma silenciosa.

A finales de 2013, en Guinea-Bissau, un niño de 2 años de edad llamado Emile Ouamouno fallecía a consecuencia del ébola. Parecía ser una muerte más, de esas que el mundo acepta cotidianamente como si fuesen parte de la naturaleza, sobre todo cuando tienen lugar en zonas empobrecidas del mundo. Pero esta vez fue distinto: Emilie fue la primera de más de 11.000 personas muertas como consecuencia de la epidemia del ébola que se extendió por gran parte del territorio africano. 

El brote de ébola de 2014 no podía considerarse una crisis aislada en el sector de la salud: desde el inicio del actual siglo se habían presentado cuatro brotes del síndrome respiratorio del Oriente Medio (SROM) en Arabia Saudita y Corea; las pandemias de gripe H1N1 y H5N1, y el brote de síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). Como primera reacción, en abril de 2015 el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, puso en funcionamiento el Grupo de Alto Nivel sobre la Respuesta Mundial a las Crisis Sanitarias, con el mandato de proponer recomendaciones dirigidas a fortalecer los sistemas nacionales e internacionales de prevención y respuesta ante futuras posibles crisis sanitarias.

Al terminar su labor, el Grupo de Alto Nivel presentó el informe “Proteger a la humanidad de futuras crisis sanitarias”, donde se hacen 27 recomendaciones específicas de acción. En la presentación del trabajo Jakaya Mrisho Kikwete, entonces presidente de Tanzania, recuerda:

“Con demasiada frecuencia, el pánico mundial ante las epidemias ha sido seguido por la complacencia y la inacción. Por ejemplo, la pandemia de gripe de 2009 dio lugar a un examen similar del nivel mundial de preparación, pero la mayoría de sus recomendaciones no se tuvieron en cuenta. Si se hubieran aplicado, podrían haberse salvado miles de vidas en África Occidental”.

Cuando las recomendaciones fueron hechas públicas, la Agenda 2030 ya había sido adoptada, sin embargo, la gestión del riesgo a la salud había conseguido introducirse entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en el Objetivo 3 sobre salud y bienestar, cuya meta 3.d expresa el compromiso de “Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de riesgos para la salud nacional y mundial”. Dos indicadores se utilizan actualmente para darle seguimiento: el indicador 3.d.1 “capacidad del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud”, y el 3.d.2 “reducir el porcentaje de infecciones del torrente sanguíneo debido a organismos seleccionados resistentes a los antimicrobianos”.

Una de las recomendaciones del informe del Grupo de Alto Nivel era la de fortalecer el mecanismo de examen periódico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el cumplimiento de las capacidades básicas del Reglamento Sanitario Internacional. Como respuesta, la OMS y el Banco Mundial se unieron para crear la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, un órgano independiente de monitoreo y rendición de cuentas orientado a fortalecer la preparación global para enfrentar crisis sanitarias.

La Junta publicó su primer informe anual en septiembre de 2019 bajo el título “Un mundo en peligro”, al que ya hemos hecho referencia en una entrada de blog anterior, en cuyo resumen ejecutivo se afirma que la principal conclusión a la que han llegado los expertos es que el mundo necesita establecer de forma proactiva los sistemas y compromiso necesarios para detectar y controlar posibles brotes epidemiológicos:

“Invertir en la preparación ante las emergencias sanitarias mejorará los resultados sanitarios, generará confianza en la comunidad y reducirá la pobreza, y contribuirá también a los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”.



“Estados Unidos de América representa aproximadamente el 85% de los casos y el 84% de las muertes en la región. Los 50 estados, el Distrito de Colombia, Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos han informado casos confirmados de COVID-19 con niveles variables de transmisión comunitaria (definidos o generalizados) en todos los estados/territorios/áreas de Estados Unidos, excepto en 11”.

Organización Panamericana de la Salud, 25 de marzo de 2020

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